Ya pasaron dos periodos de facturación en los que CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) aplicó el cambio en la manera en que bonifica o penaliza por Factor de Potencia (FP) a clientes con tarifas eléctricas industriales.
Este ajuste ha resultado en un incremento en los costos de electricidad, independientemente de si una empresa recibe bonificación o penalización por FP. Este cambio se fundamenta en el Acuerdo A/073/2023 publicado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Si bien algunos lo interpretan como beneficioso para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), surge la pregunta: ¿realmente este cambio beneficia al SEN? ¿Hay algún grupo que se beneficie aún más con esta medida?
Para comprender el contexto, el Acuerdo A/073/2023 modifica el valor mínimo requerido de FP para el cálculo de recargos o bonificaciones. Sin embargo, es importante señalar que este cambio hace referencia al Código de Red 2.0 (CdR 2.0), el cual está actualmente en suspensión definitiva hasta que se dicte sentencia. En primer lugar, cabe cuestionar la aplicación de este cambio por parte de CFE SSB debido a la falta de sustento regulatorio, dada la suspensión definitiva del CdR 2.0.
En segundo lugar, se observa que CFE SSB no está aplicando correctamente la fórmula para el cálculo de recargos o bonificaciones por el FP. Incluso si no existiera la suspensión definitiva, el CdR 2.0 establece que se debe mantener un FP entre 0.95 en atraso y 1 durante el 95 por ciento del tiempo. Sin embargo, la fórmula aplicada por CFE SSB considera un FP promedio de 0.95 por mes. Esta discrepancia entre lo establecido en el CdR 2.0 y su implementación por parte de CFE SSB sugiere una falta de sustento regulatorio adecuado para la aplicación de este cambio en el FP.
Previamente, para empresas industriales, el FP mínimo requerido era de 0.90, y en este punto no recibían ni recargos ni bonificaciones. Sin embargo, con el cambio implementado, las empresas con un FP de 0.90 experimentaron un aumento del 3.3% en su facturación mensual, ya que ahora reciben un recargo por tener un FP menor a 0.95. Por otro lado, aquellas con un FP de 0.80, que anteriormente tenían un recargo del 7.5%, ahora enfrentan un recargo del 11.30%, lo que representa un aumento de casi el 4% en su factura.
Esta situación es aún más preocupante para las empresas que han invertido significativamente para cumplir con el Código de Red, ya que, a pesar de sus esfuerzos, experimentan un aumento en su facturación de entre 1.2% y 1.3%. Para ilustrar estos incrementos en términos monetarios, consideremos el caso de una empresa que ya cumple con el CdR 2.0 y tiene una facturación promedio mensual de 10 millones de pesos.
El aumento mensual resultante sería de $130 mil MXN, lo que equivale a $1.56 millones MXN anuales, lo que afecta el retorno de inversión de los proyectos de cumplimiento del Código de Red.
¿Beneficia realmente este cambio en el FP al SEN? La respuesta es no del todo. Si bien el requisito de FP establecido en el CdR en su primera y segunda versión, está destinado a reducir la cantidad de energía reactiva circulante en la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución, lo que conlleva beneficios como la reducción de pérdidas y la liberación de capacidad, la manera en que CFE SSB lo considera y aplica actualmente no cumple con lo establecido en ninguna de las dos versiones publicadas del CdR.
Entonces, ¿quién se beneficia más con este cambio? La respuesta es CFE SSB y las empresas que se dedican a realizar estudios de CdR y a vender los equipos para su cumplimiento. Por un lado, CFE SSB ahora bonifica menos y aplica un recargo mayor a sus clientes por concepto de FP, lo que resulta en mayores ingresos para la empresa. Por otro lado, los proveedores que apoyan a las empresas en el cumplimiento del CdR ahora tienen un incentivo adicional para que sus clientes adquieran sus equipos.
Algunos de estos proveedores han realizado webinars, publicaciones, conferencias, etc., para difundir este cambio. En estas difusiones han mencionado: que este cambio es bueno para el SEN, que esta medida incentiva el cumplimiento del CdR 2.0, que lo “bueno” es que les están aplicando el cambio en el FP de una manera mucho más laxa, que la suspensión definitiva del CdR 2.0 solo aplica para despachos de centrales eléctricas renovables y no para centros de carga, cuando es totalmente falso, que consideran que la opción de ampararse e intentar dejar de pagar, debería ser el último recurso y no la primera alternativa, entre otros más.
Es evidente que estos comentarios están dirigidos a las empresas que están recibiendo un recargo por FP con el objetivo de venderles sus equipos, pero no he escuchado o leído ningún comentario para las empresas que ya les compraron sus equipos y que son perjudicados por esta medida.
En conclusión, desde la publicación del Acuerdo A/073/2023 y la aplicación de este cambio por parte de CFE SSB, existen argumentos para interponer un instrumento de defensa. Sería prudente que las empresas afectadas consulten a despachos de abogados con experiencia en el sector eléctrico para evaluar sus opciones legales.
