El 5 de febrero de 2025, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa de ley destinada a reformar el sector eléctrico de México tras varios años de inestabilidad y cambios continuos.
La Administración actual empieza mostrar sus cartas tras algunos meses de especulación respecto de si continuaría la intransigencia y la cerrazón a la iniciativa privada o si habría apertura y competencia.
Si bien la retórica que se ha manejado en torno a la presentación de la iniciativas y la presentación de los planes energéticos, el texto propuesto vislumbra apertura en ciertas áreas en las cuales las autoridades en el sexenio anterior habían sido reticentes.
La propuesta establece que la participación privada en la generación de electricidad podrá llegar hasta el 46%, manteniendo el Estado a través de CFE por lo menos el 54% de la generación total de energía.
Se contemplan opciones de inversión público-privada, así como inversión solo pública o solo privada, respetando siempre el balance total de 54 – 46. Esta proporción es sin duda completamente arbitraria y rescatada de planteamientos hechos en la Administración anterior.
El lado positivo es que para permisos de autoconsumo de hasta 20 MW se propone el otorgamiento “expedito” de los mismos, lo cual es completamente bienvenido después de la cerrazón casi completa en el otorgamiento de permisos durante el anterior sexenio.
Otro aspecto clave es la preservación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que, si bien se ha visto debilitado por la escasez de energía provocada por el freno a los nuevos proyectos de generación, retoma el camino de la competencia en beneficio de los consumidores industriales.
Sin duda no será algo inmediato el retomar los niveles de competitividad vistos en el MEM en años anteriores, pero con reglas claras y estabilidad regulatoria es solo cuestión de tiempo para volver ahí
Uno de los mayores riesgos es que la CFE debe garantizar al menos el 54% de la generación anual del país, lo que podría limitar la participación del sector privado y generar competencia desigual.
Además, la Secretaría de Energía (SENER) tendría la rectoría de la planeación energética, lo que podría restringir la flexibilidad del mercado y desalentar nuevas inversiones si los procedimientos no están claramente definidos.
La reforma también plantea la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), centralizando las funciones en la SENER.
La creación de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que pareciera en muchos casos tener que jugar el rol de juez y parte, reduciendo así la confianza de los inversionistas sobre la justicia en las determinaciones que esta pudiera llegar a tomar.
Específicamente, la posible concentración de poder en la SENER, que ocuparía tres de los ocho asientos en el comité técnico de la CNE y seguiría controlando la planeación energética, podría generar conflictos de interés y favorecer a la CFE sobre otros actores del sistema eléctrico.
Uno de los grandes cambios que trae esta iniciativa de ley es el aumento del umbral que divide la generación excenta y la que requiere permiso.
Pasamos de un nivel de 500 kW a uno propuesto de 700 kW. Esto es especialmente relevante para la generación distribuida, que ha visto un crecimiento exponencial en la instalación de paneles solares en techos de comercio e industria.
La ampliación de la capacidad de generación distribuida, así como la flexibilización de permisos para autoconsumo son positivas, pero es esencial que las regulaciones aseguren reglas claras para la interconexión a la red y una remuneración justa por la energía excedente.
Además, se debe garantizar certeza jurídica para los inversionistas en proyectos de energía distribuida.
La reforma al sector eléctrico plantea apertura en áreas en donde se tenían expectativas de cerrazón e intransigencia, pero al mismo tiempo restringe la participación privada y le evita a CFE tener que ser competitiva respecto de las empresas privadas.
Si bien busca fortalecer a la CFE y garantizar la seguridad energética, también plantea desafíos significativos para la competencia y la inversión privada.
Para lograr una transición energética exitosa, es necesario que el Congreso defina claramente los alcances de la planeación vinculante, promueva la independencia regulatoria y garantice una infraestructura de transmisión adecuada.
Solo de esta manera se logrará un sector eléctrico competitivo, eficiente y sostenible que beneficie a todos los mexicanos.
